El Comité Español de Representantes de Minusválidos [CERMI]  ha elaborado el “Informe de Derechos Humanos y Discapacidad 2008”, con el fin de dar a conocer las vulneraciones de derechos que sufren las personas con discapacidad, a fin de eliminarlas e integrar plenamente a este colectivo.

Los déficits más graves se dan en materia de accesibilidad, recursos, o educación, así como en cuanto a prejuicios sociales que provocan la vulneración de muchos derechos fundamentales de los discapacitados.

Aspectos como el poder abortar a un feto en caso de que tenga malformaciones físicas o psíquicas es considerado por el CERMI como una vulneración de la igualdad, ya que se parte del planteamiento de que la vida de esa feto es menos valiosa que la de uno sin discapacidad.

Otro tema cuestionado es el de los internamientos forzosos, que el CERMI considera como un ataque a la libertad de la persona. El informe señala que los discapacitados “en muchas ocasiones ni siquiera son escuchados y se les aplican procedimientos penales sin diagnosticar su enfermedad, provocándoles daños irreparables”.

El informe pone de manifiesto la necesidad de reformular el concepto de discapacidad. “Se trata de un concepto flexible, que se debe actualizar y va encaminado a designar el resultado de que existan barreras que impiden el desarrollo de determinados derechos”, explican. La actualización de los servicios y herramientas administrativas también deben modificarse para adecuarse a las necesidades de un sector de la sociedad cada vez más integrado, según explica el documento.

En cuanto a la participación de las personas con discapacidad en las políticas que les afectan, el CERMI ha denunciado que el Ministerio de Sanidad y Política Social ha dejado a este colectivo “al margen de dos órganos fundamentales”.