Centros Especiales de Empleo

Real Decreto 27/2000, de 14 de enero por el que se establecen medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del 2 por 100 en favor de trabajadores discapacitados en empresas de cincuenta o más trabajadores

1. – Antecedentes. Objeto del presente Real Decreto

El 3 de octubre de 1997 el Consejo de Ministros adoptó un Acuerdo por el que supone en marcha un Plan específico a favor del empleo de las personas discapacitadas. Este, desemboca de manera inmediata en la firma del Acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Comité Español de Representantes de Minusválidos, con el objeto iniciar un Plan de Medidas Urgentes para la promoción del empleo de las personas con discapacidad.

Dicho Acuerdo contempla entre sus compromisos la necesidad de establecer medidas que potencien la aplicación de la cuota de reserva del 2% a favor de trabajadores discapacitados en empresas de más de 50 empleados, ante la reiterada constatación por ambas partes del escaso nivel de cumplimiento de dicha medida.

Por ello, se modifica el artículo 38.1 de la Ley 13/1982 de Integración Social de los Minusválidos, introduciendo como novedad que, excepcionalmente los empresarios obligados al cumplimiento de la referida cuota de reserva, puedan hacer frente a dicha obligación a través de medidas alternativas a establecer reglamentariamente.

En este mismo sentido, el Plan Nacional de Acción para el Empleo del Reino de España para 1999, incorpora como una de las medidas concretas a realizar, el establecimiento de mecanismos de control y medidas alternativas al cumplimiento de la señalada cuota de reserva a favor de los trabajadores minusválidos, con el objeto de alcanzar un satisfactorio grado de inserción laboral del colectivo.
Por tanto, dicho desarrollo normativo, permite a las empresas, de manera excepcional, optar entre la contratación de trabajadores minusválidos hasta respetar dicha cuota del 2% (o la que establezcan los Convenios Colectivos) o la adopción de las medidas detalladas a continuación.

2. – Requisitos necesarios para acceder a las medidas alternativas

La excepcionalidad antes mencionada puede derivarse de la adopción del acuerdo correspondiente en la negociación colectiva de ámbito estatal o menor, o bien por voluntad del empresario. También se apreciará dicha excepcionalidad cuando la empresa acredite la inexistencia de puestos de trabajo vacantes a cubrir o de planes de creación de nuevos puestos de trabajo. En estos caos, las empresas deberán solicitar del Servicio Público de Empleo una declaración de excepcionalidad. Este, resolverá de forma motivada en un plazo de tres meses entendiéndose el silencio como positivo. Esta tendrá una vigencia de dos o tres años en función de las características de la empresa, transcurrido el cual deberá solicitarse nuevamente dicho certificado de excepcionalidad.

Se entenderá que concurre dicha excpecionalidad cuando la empresa curse la demanda de un trabajador minusválido en el ente correspondiente y este no pueda, en el plazo de dos meses, hacer frente a la misma por no existir demandantes de empleo discapacitados que se adapten al perfil requerido. En este caso, el Servicio de Empleo Público deberá emitir la correspondiente certificación, entendiéndose su silencio como negativo. Esta certificación tendrá una vigencia de dos años, plazo tras el cual la empresa deberá nuevamente volver a solicitar nueva certificación en el caso de que perduren la obligación principal y la excepcionalidad antes mencionada. El plazo de dos años podrá extenderse hasta un máximo de tres por circunstancias tales como la actividad de la empresa, el tipo de ocupaciones habitualmente demandadas o el hecho de encontrarse afectada por procesos de regulación de empleo.

3. – Las medidas alternativas

En todos estos supuestos las empresas deberán cumplir de forma alternativa o simultanea, las siguientes medidas:
Realización de un contrato mercantil con un Centro Especial de Empleo o con un trabajador autónomo discapacitado para el suministro de materias primas, maquinaria, bienes de equipo o cualquier otro tipo de bienes fungibles necesarios para el normal desarrollo de la actividad de la empresa que opta por esta medida. El importe anual de dicho contrato deberá ser de al menos 3 veces el salario mínimo interprofesional anual por cada trabajador minusválido no contratado por debajo de la cuota del 2%.
Realización de un contrato mercantil con un Centro Especial de Empleo o con un trabajador autónomo discapacitado para la prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa. El importe anual de dicho contrato deberá ser de al menos 3 veces el salario minino interprfesional por cada trabajador minusválido dejado de contratar por debajo de la cuota del 2%.
En los dos casos anteriormente mencionados, las contrataciones realizadas en sustitución de la obligación principal deberán comunicarse al Servicio Público de Empleo en el mes siguiente al de su formalización haciendo mención al contratista, objeto del contrato, número de trabajadores minusválidos a los que equivale la contratación, e importe y duración de la misma.
Finalmente, también cabe la posibilidad de que las empresas realicen donaciones o acciones de patrocinio, siempre monetarias, para el desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación de empleo para personas con discapacidad. La entidad beneficiaria deberá se una fundación o una asociación de utilidad pública que contemple entre sus fines la formación profesional, la inserción laboral o la creación de empleo para minusválidos. El importe anual de dicha aportación deberá ser, al menos, por un importe de 1.5 veces el salario mínimo interprofesional anual por cada trabajador minusválido dejado de contratar por debajo del 2%. La adopción de esta medida deberá comunicarse al Servicio Público de Empleo antes de su aplicación. La comunicación deberá hacer referencia a la entidad objeto de la donación, al número de trabajadores minusválidos a los que sustituye, e importe de la misma.

4. – Otros aspectos relevantes

A efectos del cálculo del 2% de trabajadores minusválidos, el periodo de referencia será el de los doce meses inmediatamente anteriores, durante los cuales se obtendrá el promedio de trabajadores que hayan compuesto la plantilla, incluyéndose la totalidad de trabajadores que presten servicios en todos los centros de trabajo de la empresa. Dichos trabajadores se computarán en número equivalente al empleo que suponga la duración acumulada de sus contratos de trabajo en dicho periodo de referencia.
Finalmente, por su parte los Centros Especiales de Empleo deberán hacer especial hincapié en la transición de sus trabajadores al mercado laboral ordinario utilizando para ello, cuantos medios sean precisos a tal efecto, básicamente a través de la formación continua y de su adaptación a las nuevas tecnologías. Estos deberán presentar anualmente, ante el Servicio Público de Empleo, una Memoria sobre la tipología de acciones que se han realizado y los recursos destinados a las mismas.
Texto íntegro: REAL DECRETO 27/2000